Esta semana en un artículo publicado en Fotocasa comentábamos las principales reformas que pretende incluir el Gobierno en la actual Ley Hipotecaria.
La legislación vigente parece no ajustarse a la realidad actual. Así lo demuestra la iniciativa legislativa popular sobre “dación en pago retroactiva” que se presentaba en el Congreso este mes y se debatía el pasado martes en la cámara.
Una iniciativa popular respaldada no sólo por 1.402.584 firmas, sino también respaldada ampliamente por los grupos parlamentarios. Además de las medidas que incluye dicha iniciativa, el partido en el Gobierno ya anunciaba anteriormente sus propias propuestas.
En definitiva, tanto unos como otros presentan un compendio de preceptos que sugieren que una reforma de la Ley Hipotecaria es más que necesaria para responder a las nuevas situaciones sociales.
El Gobierno ha anunciado ya cuáles son los cambios que el Partido Popular propondrá, para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, durante el plazo de enmiendas parciales para el Proyecto de Ley de Medidas Urgentes.
El anuncio realizado por el Ministro de Economía Luis de Guindos es sólo un punto de partida con el que se busca un acuerdo mayoritario con el resto de fuerzas del arco parlamentario. Acuerdo al que está previsto llegar a mediados de este mes de febrero.
Principales novedades que propone el Ejecutivo
Lo cierto es que el Gobierno propone una reforma sustancial de la actual Ley Hipotecaria. Entre las principales medidas que afectarían a los actuales préstamos hipotecarios destacan las siguientes:
1.- Límite en el plazo de amortización: Se limitará el plazo de amortización de un préstamo hipotecario a 30 años. Éste no podrá exceder la edad legal de jubilación del deudor (65 años). Cabe destacar que, según un estudio realizado por el comparador Bankimia que analiza las solicitudes de préstamos hipotecarios en 2012, el plazo de endeudamiento aumentó desde enero de 2012 hasta diciembre del mismo año de 30 a 33 años y medio.
2.- Límites para los intereses de demora: No podrán superar 3 veces el interés legal del dinero. En la actualidad, algunas entidades aplican intereses de demora superiores al 20%. Además, se reducirá de 5 a 3 años el plazo máximo en el que deberán pagar estos intereses.
3.- Mejora del Código de Buenas Prácticas Bancarias: el Gobierno perfeccionará el código para que más personas puedan beneficiarse de sus ventajas, entre ellas la dación en pago. Entre los principales cambios destacan la ampliación del umbral de ingresos para poder acogerse al Código de 16.000 euros a 19.000 euros y la eliminación de la obligatoriedad de que todos los miembros del núcleo familiar estén en el paro.
4.- Posibilidad de alquiler en caso de desahucio: Si se produce el lanzamiento de una vivienda, es decir, si se alcanza el punto del desalojo, el banco deberá permitir por 3 años al deudor el alquiler de su antigua vivienda.
5.- Más poder para los magistrados: Los jueces tendrán potestad para reducir las deudas que les queden pendientes a las familias desahuciadas si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda.
6.- Independencia para las sociedades de tasación: se limitará la presencia de los bancos en el accionariado de éstas, reduciendo el límite del 25% al 10%.
7.- Menos requisitos en la subasta: Se propondrá facilitar el acceso de los postores a las subastas rebajando los requisitos, como el aval necesario para pujar (caerá del 20 al 5% del valor de tasación). Se ampliará además el plazo para que el adjudicatario encuentre financiación (de 20 a 40 días) y se impedirá que el precio de subasta sea inferior al 75% del precio de tasación en escritura.
8.- Plazo de ejecución: No se podrá iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que no se hayan producido 3 impagos.
¿Qué repercusiones tendrían estas medidas?
Ya hay voces que apuntan que estas medidas propuestas por el Partido Popular provocarían un impacto no del todo positivo en el mercado hipotecario. Entre quienes critican estas propuestas se encuentra la agencia de calificación de riesgos Moody’s, quien ha asegurado que estos cambios restan garantías a los inversores en productos de deuda bancaria respaldados por estos préstamos hipotecarios. Moody’s considera, también, que las modificaciones anunciadas por de Guindos “reducen la voluntad de pagar de los prestatarios”.
Por otra parte, además, estas medidas podrían incidir en el precio de las viviendas ya que supondrán -dicen los expertos- una presión a la baja de los mismos, como consecuencia de reducir el plazo de amortización de los préstamos.